Es una forma de asignación de tierras impulsada por el Estado Mexicano a partir de la Reforma Agraria de 1917. El estado otorgaba a un grupo mínimo de familias un territorio sobre cuyos recursos naturales tenían derecho de usufructo gratuito; antes de la reforma legal promulgada el 6 de enero de 1992 estas tierras eran inalienables y no se detenían títulos personales de propiedad, solo se podían transmitir los derechos. En cambio después de la reforma del 1992 se empezaron a entregar títulos de derechos parcelarios y títulos de propiedad de solares a cada ejidatario en particular.